Por Milton D. Carrero Galarza

Vieques sigue bajo amenza.

Ya no sobrevuelan aviones militares ni se siente el detonar constante de las bombas, pero los casi 10 mil residentes de la isla aún sufren los estragos de la contaminación que dejó la Marina de los Estados Unidos. La lucha por la paz, la salud y la calidad de vida en esta isla de 51 millas cuadradas al este de Puerto Rico ha quedado inconclusa. La evidencia está en los cerca de 20 mil acres, repletos de miles de bombas sin detonar, químicos carcinógenos y metales pesados, que según los estudios del catedrático Arturo Massol y de la investigadora Elba Díaz de Osborne, ambos del Departamento de Biología del Recinto Universitario de Mayagüez, continúan afectando a los viequenses a través de la cadena alimentaria.

El peligro latente de los químicos y metales pesados como mercurio, uranio reducido, plomo, cadmio, cromo, manganeso, cobalto y los residuos de agente naranja, mantienen a la población en alto riesgo de contraer enfermedades relacionadas a la contaminación. Los viequenses, quienes sufren de unos niveles de cáncer que superan por casi 30 por ciento al resto de la población del archipiélago de Puerto Rico, ya no gozan del apoyo, de la organización comunitaria ni de los movimientos de desobediencia civil que lograron expulsar a la Marina de sus tierras en mayo de 2003. De aquellos momentos de regocijo sólo quedan recuerdos.

Cuando la Marina de los Estados Unidos abandonó la isla, traspasó gran parte de los 18,000 acres que poseía en Vieques al Departamento del Interior. Éste a su vez designó la zona de tiro como un Refugio de Vida Silvestre y lo transfirió a la Agencia de Pesca y Vida Silvestre, US Fish and Wildlife Service (USFWS). Esta estrategia, según explica la profesora de antropología de la Universidad Estatal de Montclair, Katherine T. McCaffrey, impide que la zona se limpie adecuadamente ya que indica que el área será restringida a los seres humanos. Es una estrategia que las Fuerzas Armadas han utilizado en otras zonas de tiro, pues según la ley, aquellas zonas designadas para la conservación requieren sólo de una limpieza superficial.

El legado de los 60 años de bombardeo, por parte de la Marina, permanece prácticamente intacto. Durante los años 1980 al 1990, la Marina arrojó en Vieques un promedio de 1,464 toneladas de bombas y explosivos anualmente, según cita McCaffrey a los archivos de la Marina. Gran parte del área de tiro—unos 980 acres— aún permanece sin limpiar. Y la zona que se ha comenzado a limpiar, la cual contiene cerca de mil bombas por acre, de acuerdo a una resolución interlocutoria de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), es muy probable que se queme en forma muy parecida a lo que ocurre con las plantaciones de caña en la isla—a menos que la comunidad logre activar nuevamente las estrategias de desobediencia civil que rindieron frutos en el pasado.

La desobediencia civil es lo único que detendría la posible quema, según explica el representante de la Marina Kevin Cloe, P.E., quien asegura que las Fuerzas Armadas no quemarían si hubiera personas en la zona de tiro.

“Nos aseguraríamos de que no hubiera nadie,” dijo Cloe, quien explica que la Marina posee radares y diversas formas de asegurarse de que no haya nadie en el área antes de quemar.

La Marina se apoderó de 26,000 de las 33,000 cuerdas del territorio viequense durante la década de los cuarenta. De ahí surge la forma tan irregular en que se han distribuido los terrenos. Miles de familias fueron expulsadas de las tierras en las que habían residido por generaciones y relocalizadas en áreas asignadas por la Marina. Las Fuerzas Armadas establecieron sus bases a los extremos este y oeste de la isla. El este se designó  para las prácticas de tiro y el oeste para el almacenamiento de explosivos. Las expropiaciones en la parte oeste, tuvieron el mayor impacto en la población, pues son las zonas más propicias para la agricultura, ya que reciben cerca de 45 pulgadas de lluvia anual, de acuerdo a las Guías para el Desarrollo Sustentable de Vieques, documento que fue preparado por un caudal de profesionales previo al desalojo de la Marina.

Además de ocupar la mayoría del territorio de Vieques, los militares obligaron el cierre y desmantelamiento de la Central Playa Grande, causando una grave crisis económica y un desempleo que ocasionó la emigración de miles de viequenses a la Isla Grande, Estados Unidos y Santa Cruz.

Cloe dice que la quema de cerca de 192 acres en la zona de tiro es la única estrategia viable para evitar poner en peligro al personal que actualmente trabaja en la remoción de chatarra en la zona de tiro. La zona, explica Cloe, está cubierta por vegetación lo cual impide divisar las bombas sin detonar, las cuales según la Marina podrían explotar a la menor provocación. Su solución: quemar con gasolina o diesel.

Es una estrategia que preocupa al experto en metales tóxicos y profesor de Química del Recinto Universitario de Mayagüez, Felix Román.

“Esto sería una opción rápida y económica, pero no necesariamente ambientalmente responsable,” señaló Román quien prevé la posibilidad de que la quema libere poliaromáticos y particulado al aire que podrían contener carcinógenos y substancias que al ser suspendidas por el viento podría ocasionar daños a la población que vive al centro del municipio. También podría provocar que ciertos químicos como el plomo sean liberados a la atmósfera para ser arrastrados por las escorrentías.

La JCA, responsable de salvaguardar la limpieza del aire en Puerto Rico, ha establecido unos parámetros para la quema contenida. La misma no podrá ocurrir durante días en que el aire este saturado por residuos del polvo de Sahara o en días en que la velocidad del viento o la humedad sea muy alta. La Marina tampoco deberá quemar más de 75 acres al día.

Al momento de la publicación de este artículo, la JCA, aún no había sometido un documento oficial a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), indicando la aprobación del permiso especial para la quema de los 192 acres en la zona de tiro, en espera de que la Marina hiciera unas modificaciones a sus modelos para la quema. No obstante, en su resolución interlocutoria ya ha manifestado su intención de aprobar la quema, lo cual alarma a la comunidad viequense, según explica Ismael Guadalupe, líder comunitario y uno de los principales opositores de las actividades irresponsables de la Marina.

A Guadalupe, le indigna el que la JCA no le haya exigido a la Marina otro plan de limpieza y critica el que las Fuerzas Armadas, capaces de desarrollar un armamento tan sofisticado como el que se ha utilizado en Vieques, no sean capaces de diseñar una forma segura de disponer de las bombas y los químicos que quedan enterrados en el subsuelo y que han contaminado los acuíferos, según encontró un tribunal internacional en el año 2000.

Ante la alarma de la población viequense, la alcaldesa del municipio, Evelyn Delerme, escribió una carta recientemente al jefe de la JCA,  Pedro J. Nieves Miranda, condenando la quema controlada y pidiendo que se le exija a la Marina otras alternativas para limpiar en la zona de tiro.  La comunidad por su parte, miles de viequenses, han radicado una demanda en la Corte Federal, alegando que la Marina expuso negligentemente a la población a niveles excesivos de tóxicos tales como plomo, mercurio, aluminio y cadmio.

No obstante, la JCA y EPA todavía concurren con la Marina en que la quema de los casi 200 acres es la forma más viable de disponer de la contaminación.

El ingeniero Daniel Rodríguez, gerente de remediación de la EPA y residente en Vieques, dice que aunque le preocupa el efecto que la quema controlada en la zona de tiro pueda tener en la población, la prefiere a que la Marina se vaya sin limpiar nada. Señala que la Marina ha intentado limpiar con la ayuda de robots y de otras maneras pero que no ha tenido éxito.

“No ha sido un proceso fácil para la Marina,” asegura Rodríguez.

Tampoco lo ha sido para los viequenses, señala Bob Rabín, otro de los líderes comunitarios cuyo trabajo fue clave en la expulsión de la Marina de Vieques. Ahora resulta mucho más difícil, explica Rabín, pues la organización y el apoyo por parte de la Isla Grande de Puerto Rico, Nueva York y otras partes del mundo está desarticulada y resulta inminente el que las nuevas generaciones se organicen para defender el bienestar de los residentes de la Isla Nena.

Para Alberto de Jesús, el activista conocido como Tito Kayak, quien comenzó el movimiento de desobediencia civil en Vieques, luego de que una bomba errante cobrara la vida de David Sanes en abril de 1999, el momento de manifestarse es ahora.

De Jesús catalogó al hecho de que la Marina propusiera quemar en la zona de tiro en los días cercanos a la conmemoración de los 10 años de la muerte de Sanes como una “provocación y una falta de respeto.”

“No se puede permitir,” expresó de Jesús acerca de la quema. “Hay que hacer lo que hay que hacer. Vamos a to’as.”

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