Por Rima Brusi, Centro de Investigación Social Aplicada[1]

Recientemente, el Centro para la Investigación Social Aplicada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, ha trabajado con varios estudios de casos en los que se examina la construcción ilegal de residencias de temporada en la costa —segundas viviendas o residencias para vacacionar—  por parte de personas relativamente acomodadas. Nuestros datos sugieren que este tipo de construcción suele hacer uso de antiguas políticas y prácticas gubernamentales que, originalmente, estuvieron destinadas a proteger las viviendas construidas por los más pobres. Aquí haré  referencia a los estudios de caso de dos comunidades que recientemente se han transformado en importantes destinos turísticos en Puerto Rico y que, por ende, se han tornado particularmente vulnerables a la expansión de esta modalidad ilegal de construcción.

topviewold

Contexto

Para entender el proceso que, de acuerdo a algunos artículos publicados en diversos rotativos del País, promueve “la construcción ilegal por los ricos,” es importante contextualizarlo en la historia del área. De acuerdo a las estadísticas que arrojó  el censo del 2000, el poblado de La Parguera tiene 1,141 residentes permanentes. La mayoría viven en el sector conocido como Parcelas, nombre que tiene sus raíces en la distribución de tierras y en políticas de vivienda iniciadas en la década de 1940 y que continuaron hasta los años 70, cuando los residentes recibieron títulos de propiedad permanentes. Estas parcelas fueron distribuidas a un grupo poblacional conformado principalmente por agregados, es decir, peones sin tierra que vivían en propiedades pertenecientes a grandes terratenientes quienes a su vez, les proveían, según la temporada,

trabajo agrícola. Esto ocurrió  así en La Parguera y en muchos otros pueblos de la Isla. Las casas eran construidas en estas parcelas o porciones de tierra mayormente a través de un sistema conocido como ayuda mutua, mediante el cual el estado proveía materiales y un plano básico, y los vecinos organizaban equipos de construcción y erigían las casas.

La comunidad Stella, ubicada en pueblo de Rincón, parece haber surgido de forma similar. Su población actual, de acuerdo al censo del 2000, es de unos 1,293 habitantes. En las entrevistas de historia de vida llevadas a cabo en Stella y en La Parguera sobresalen las políticas de distribución de tierras, la construcción de viviendas a través del programa de ayuda mutua y un rápido proceso de construcción de comunidades que en algunos casos fue complementado con centros comunales y escuelas. Sus poblaciones comparten también un componente particular,  propio de las parcelas costeras: Residentes que son o que eran pescadores artesanales independientes o cuasi-independientes  y que suelen llevar, como grupo, cierto rol simbólico de representar a la comunidad y su noción de lugar[2]. Aunque originalmente, la proximidad al mar no parece haber sido un criterio importante para los solicitantes de parcela (de hecho muchos pedían explícitamente estar separados del mar) es justamente debido a la costa cercana que ambas comunidades se han vuelto tan atractivas para la industria del turismo en Puerto Rico, y este atractivo refuerza el proceso de construcción ilegal que discutimos aquí.

Construcción ilegal

Históricamente, La Parguera ha experimentado dos tipos de construcción ilegal. El primer tipo—hoy día reconocido y documentado como legal—involucra a los hijos de los dueños de parcelas, quienes durante la década de los 80 construyeron en un terreno baldío pequeñas casas de madera y otros materiales. En la tradición de los rescates – término3 que usualmente se adjudica en los escritos académicos sólo a los casos en que los desposeídos construyen viviendas ilegalmente — los primeros habitantes del sector conocido como Villa Cañona le presentaron a los políticos y a la prensa un caso sólido, basado en la necesidad económica y en su biografía como hijos del lugar. A medida en que el valor de la propiedad inmueble fue aumentando en La Parguera, debido a la elitización4 asociada al aumento en la actividad turística y a la compra venta de viviendas vacacionales, los hijos de los residentes de antaño se vieron incapaces de costear los precios de las casas en su propia comunidad. Fueron exitosos en sus reclamos y hoy día lo que originalmente se llamaba Villa Cañona es parte oficial del sector Parcelas en La Parguera.

El segundo tipo de construcción ilegal es el fenómeno de la caseta, descrito en mi ensayo “Deluxe Squatters in Puerto Rico” (CENTRO Journal 20 [2]). Las casetas son casas de madera que generalmente poseen entre una y tres habitaciones. La tipología básica de Jopling (Puerto Rican Houses, 1988) las denomina “casas de agua”. Según historias de vida recopiladas en La Parguera, tan temprano como en la década de 1930, había casetas allí. Algunas les pertenecían a pescadores que luego se mudaron a las parcelas. Al menos una de ellas era ya conocida como vivienda de temporada, propiedad de un médico de Lajas. Las fotografías áreas de La Parguera sugieren que la construcción continuó a través del tiempo y al día de hoy, las casetas bordean la costa de La Parguera. Al momento en que realicé mi estudio etnográfico, el cual concluyó en el 2003, sólo encontré tres, de sobre 200 casas, que eran utilizadas por sus dueños como primera residencia; el resto eran viviendas de temporada utilizadas o alquiladas durante las vacaciones o los fines de semana. Las casetas en La Parguera no aparecen en el Registro de La Propiedad que contiene todas las construcciones en el área. Sin embargo, y a pesar de su dudoso estatus legal, éstas son vendidas a precios más elevados que el de una casa promedio de cemento registrada legalmente en la vecina comunidad de Parcelas. A pesar de las frecuentes amenazas emitidas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, aparentemente solamente un desalojo ha tenido lugar en las casetas. La mayoría de los dueños de casetas ha hecho caso omiso a estas amenazas, y organizándose como grupo, han contratado abogados (y, de acuerdo a lo expresado por algunos residentes, una firma de relaciones públicas) para protegerse de futuros intentos de desalojo. ¿Cómo estas casetas pueden ser construidas si son ilegales? De acuerdo a las personas entrevistadas, un posible casetero, o un especulador tratando de realizar una buena venta, contratan trabajadores locales que construyen la caseta de noche y en secreto.

La construcción ilegal de viviendas de temporada es también una cualidad sobresaliente de la comunidad Stella en Rincón.  Allí, todas las casas están registradas, excepto aquéllas construidas cerca de la playa. Aunque las parcelas de Stella son bastante típicas demográficamente hablando, y muchas aún exhiben la arquitectura característica del programa de ayuda mutua, el caso no es el mismo en las dos calles que se encuentran directamente de cara al mar. Allí, las casas de huéspedes y los pequeños hoteles se han convertido en una barrera visual entre las parcelas y la playa. De acuerdo a las entrevistas de historia de vida,  después de la distribución de las tierras de parcelas en los años  40 y 50, algunos solicitantes que no recibieron parcela construyeron sus casas en la franja de terreno que queda justamente mirando al mar. Ante la evidente necesidad de vivienda que esas familias exhibían, el estado les dio no un título sino un “número”, una especie de permiso de uso.  A medida en que la vista costera fue adquiriendo valor para los puertorriqueños más acaudalados y para los empresarios y veraneantes estadounidenses, estos ocupantes ilegales “vendieron”  sus derechos sobre la tierra.  Actualmente, la mayoría de las estructuras en esa franja de Stella son hospederías, y sus dueños aparentemente norteamericanos.

En ambos casos —La Parguera y Stella—, las políticas y prácticas de construcción establecidas fueron diseñadas como una respuesta explícita del estado (primero el gobierno de Muñoz y luego el de Ferré) a  las necesidades de tener una vivienda primaria de la clase trabajadora puertorriqueña. Con el tiempo, no obstante, sectores más privilegiados tomaron ventaja de estas políticas y prácticas con el fin de poseer terrenos costeros y establecer accesos al mar más privados, ya sea para uso, vista o ambos.  Estos  procesos no son exclusivos de los dos casos que aquí se discuten. Un ejemplo bastante visible es el del poblado de Joyuda, localizado al oeste del país, donde el Mar Caribe está al lado de la carretera pero es prácticamente invisible al conductor, bloqueado por las estructuras predominantes que son los restaurantes y las casas y edificios de temporada.  En Papayo, al sur y cerca de La Parguera, los residentes más pobres reciben dinero por parte de posibles dueños de viviendas de temporada y de especuladores, para que al amparo de la noche puedan cercar, construir y vigilar estructuras de madera en las colinas que posean las mejores vistas al mar. En Mayagüez, el grupo ambientalista Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente denunció recientemente  la presencia de dos casetas construidas ilegalmente al lado del mar en el barrio de Boquilla, y durante dos años ha tratado, infructuosamente, de llevar a los dueños a los tribunales .

En resumen, a medida que el acceso al mar adquiere valor cultural y material para sectores más privilegiados que aquellos que históricamente han dependido del mar como medio de vida, se han manipulado políticas y  prácticas que fueron originalmente desarrolladas para proteger los derechos a la vivienda primaria. Las estructuras vacacionales así construidas están asociadas a la elitización de las costas y, aunque la construcción y el mantenimiento de esas propiedades provee algún empleo para los residentes permanentes, estos tienden a ser informales y sus salarios, bajos, perpetuando así  los problemas económicos de muchos barrios costeros. Estos hallazgos y otros sugieren la necesidad de modificar la política actual de construcción, de manera que se protejan los derechos de vivienda de los residentes tradicionales, especialmente los más pobres, y que y las costas no se conviertan en meros espacios de asueto privados para los más ricos.

[1] La autora agradece el insumo de Michael González (CISA), Emely Medina (CISA), y el equipo editorial de Marejada en la preparación de este escrito. Una versión anterior del mismo apareció en Anthropology News, en diciembre de 2008 (Vol 49. Núm. 9), bajo el tí tulo Claiming Coastal Property in Puerto Rico.

[2] Para una mirada más profunda a la historia de las comunidades pesqueras en Puerto Rico, puede consultar los trabajos de Griffi th y Valdés-Pizzini, “Fishers at Work, Workers at the Sea,” y Ricardo Pérez, “The State and Small-Scale Fisheries in Puerto Rico.”

[3] Para aprender más sobre los rescates en Puerto Rico, recomendamos los trabajos de Juan Llanes Santos, (Desafi ando el Poder, 2001) y Liliana Cotto

[4] Luz García Herrera documenta los disti ntos términos que se han utilizado para traducir el inglés gentrifi cati on: aburguesamiento, aristocratización, gentrifi cación y eliti zación. Como ella, preferimos éste último porque nos parece que recoge las cualidades esenciales del fenómeno.

Related Posts

Leave a Reply