La pesca o caza legal de tortugas marinas, en el Caribe, ha ido mermando durante los pasados 10 años. La pesca más significativa ocurría en Cuba, donde se capturaban, aproximadamente, 5 mil careyes adultos, para exportar su concha a Japón. Esto terminó en 1994 y, actualmente, en Cuba existe una ley que prohíbe la pesca doméstica (interna) de todas las especies de tortugas marinas. En las otras islas del Caribe, se ha ido prohibiendo paulatinamente y hoy día son muy pocos los países en la que se permite, como por ejemplo: St. Lucía, St. Kitts, Nevis, St. Vincent y las Antillas Británicas. Recientemente, Trinidad Tobago y las Bahamas prohibieron la pesca legal. En algunas de las Antillas Menores, donde todavía la pesca es permitida, está supuestamente regulada y solo se permite la venta de la carne a nivel local; es decir, no se puede exportar, ni tampoco se permite vender artesanías. También, existen restricciones en cuanto al tamaño y a la temporada del año. Por tanto, esta pesca o caza tiene un impacto mínimo, ya que en estos lugares no se ven casi las tortugas (quizás por la misma razón). Por ejemplo, en St. Kitts solo son reportadas de 5 a 10 tortugas cazadas anualmente. A pesar de esto, cualquier pérdida, sobre todo de adultos de tortugas marinas, es un obstáculo y un daño a la recuperación de la especie, por su longevo ciclo de vida y la edad de maduración sexual.

En la actualidad, existen muchas organizaciones que se encuentran cabildeando, en los países antes mencionados, para lograr una veda total. No obstante, esto todavía no se ha podido lograr por completo. En estas islas, se pesca por tradición, pero hoy día las generaciones están cambiando, razón por la cual la demanda ha disminuido. Tampoco es lucrativo, por lo que la comunidad internacional no está tan preocupada. Sin embargo, es una práctica que no se puede eludir. Recientemente, se inició una campaña internacional más agresiva contra las islas de las Antillas Británicas para que pongan fin a la ley que permite la caza de hasta 100 tortugas en un año. Aunque las tortugas marinas son recursos compartidos y, por ende, se debería tener algún tipo de jurisdicción en estos lugares respecto al recurso, a veces es muy difícil conseguir el apoyo local para cerrar cualquier tipo de pesca.

En Puerto Rico, la ley federal comenzó a proteger las tortugas desde 1978 y estatalmente desde 1986. Sin embargo, todavía ocurre la pesca o captura en nuestras playas y aguas. El año pasado se robaron una careya que puso sus huevos en Maunabo, mientras que este año mataron a un tinglar que salió a desovar en Yabucoa.

A veces, la caza ilegal es más peligrosa y ocasiona más daño.

Desafortunadamente, y más frustrante aún, es que en nuestro territorio ocurren otros casos que desconocemos.

Tinglar víctima de la práctica ilegal en Yabucoa.

El mayor impacto que sufren las tortugas marinas de Puerto Rico tiene lugar en Nicaragua. Más del 50% de los peje -blancos, que habitan en las aguas de Culebra, migran hacia las costas de los indios Miskitos en Nicaragua. Este dato se obtiene mediante las marcas que se les colocan a las tortugas capturadas en Culebra y que son pescadas, posteriormente, en Nicaragua. Las marcas tienen una dirección a la que el pescador envía la información una vez encuentra las tortugas marcadas. Allí todavía es permitida la pesca de peje-blanco (tortuga verde) y se pesca, mayormente, para consumo local. El impacto en la especie es bastante alto, ya que se consume mucho, de 6 mil a 8 mil peje-blanco por año. Esto es alarmante, cuando tenemos en cuenta que algunas de las especies que se están cazando y pescando, en esas aguas, viajan desde las aguas del Caribe, incluyendo desde Isla de Mona y Puerto Rico. Por lo menos, la pesca de la tortuga carey (la más amenazada) está prohibida en ese lugar, pero se pesca incidentalmente. Actualmente, se están haciendo esfuerzos para evitar esta pesca incidental y controlar a cabalidad la pesca legal de peje-blanco.

El impacto mayor de la pesca legal o ilegal en otros países lo sufrió la tortuga carey de concha. Sin embargo, gracias a los esfuerzos internacionales y regionales, en la gran mayoría de los países, se prohibió su captura y actualmente se está comenzando a ver un aumento en las poblaciones del Caribe, como es el caso particular de Isla de Mona, donde de 250 nidos, en la década de los 90, hoy día hay sobre 1,200. Debemos continuar cabildeando para evitar la pesca legal e ilegal de tortugas marinas a nivel internacional y debemos continuar concienciando a nivel local para evitar este tipo de pesca.

Si logramos controlar la pesca legal e ilegal y garantizar que los hábitats de reproducción y de alimentación estén saludables, las especies de tortugas marinas se recuperarán.

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José Rafols ya perdió la cuenta de la cantidad de personas que ha rescatado del agua en los más de 30 años que lleva practicando el deporte del surf en la playa Jobos de Isabela. Pero no olvida a los dos bañistas que socorrió de las olas cuando ya era muy tarde y que luego vio morir en la arena.

Es un sufrimiento que comparte con los familiares de esas personas que vinieron a disfrutar de un día placentero de playa y sucumbieron ante el mar.

Rafols no es salvavidas, pero debido a que no existe un programa de socorristas en las playas alrededor de Puerto Rico, Rafols y otros surfistas se ven forzados a diario a rescatar a los bañistas. Asriel Gonzalez, también surfista de la zona, ha rescatado hasta cinco personas en un día, cosa que no es raro, según explica Rafols.

En Puerto Rico mueren ahogados alrededor de 50 personas todos los años—25 en el mar y 25 en otros cuerpos de agua, según Ruperto Chaparro, Director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico. Este número, según explica, es inaceptable cuando se compara con playas en los Estados Unidos, que con un número mayor de visitantes, enfrentan menos fatalidades, gracias a la presencia de un salvavidas.

La mayoría de esas muertes, dice Chaparro, se podrían evitar si el gobierno y la ciudadanía tomaran las debidas precauciones. Según señala,  este tema se lleva discutiendo en Puerto Rico por más de 23 años, pero  aún no se ha establecido un programa que asigne salvavidas a las playas del archipiélago.

“Nosotros estamos invitando a los turistas y a los mismos puertorriqueños a que vayan a nuestras playas a ahogarse o a tener una pérdida de un ser querido,” expresó.

Celia Seda, turista de Nueva York, cuenta que durante las pasadas tres semanas ha visitado las playas en Isla Verde, Cabo Rojo, Dorado e Isabela, y en ninguna ha visto un salvavidas. Razón por la cual preparó a su hijo de cinco años con flotadores y no le perdió de vista durante el tiempo que estuvo en la playa.

Si bien es cierto que el gobierno debería tomar medidas más rigurosas para prevenir accidentes en las playas, los ciudadanos también deberían tomar precauciones para evitar una tragedia.

Se recomienda revisar las condiciones del tiempo antes de salir de su hogar. Cuando hay marea alta, se pueden formar corrientes de resaca, las cuales incrementan el riesgo de un accidente. También es conveniente hablar con las personas locales de la playa para aprender acerca de las precauciones a seguir. Recuerde, el fondo del mar es irregular y podría tomarle desprevenido.

Se debe evitar nadar solo. Si anda con niños, manténgalos cerca y vigilados. Si va a tomar alcohol, es como si fuese a guiar un carro, no entre al agua.

También se insta a desarrollar sus destrezas acuáticas.

“Saber nadar no es que te tires a una piscina y salgas al otro lado,” dice Chaparro. “Saber nadar es que tú puedas sobrevivir una hora en el agua. O que puedas saber cómo actuar en una corriente de resaca o en un oleaje fuerte.”

Las corrientes de resaca, en donde el agua se transporta de la costa nuevamente hacia el mar, son capaces de arrastrar a una persona hacia mar afuera. Para salir de ella, se debe nadar paralelo a la costa o dejarse llevar de forma relajada hasta que la misma corriente le saque. Lo importante es no desesperarse o nadar en contra de la corriente.

También es crucial que se obedezcan los rótulos de precaución.

Manuelle Speiser y Stephane Lagache, turistas de Martinica, fueron algunos de los que recientemente desafiaron los letreros de seguridad en la playa Jobos de Isabela para escalar un peñón en donde suelen romper las olas muy de cerca. Rafols comenta que frecuentemente ve a las personas caer y sufrir cortaduras severas, al rodar sobre las piedras puntiagudas tras el golpe de una ola.

“A los franceses nos gusta el peligro,” dice Lagache.

Es una actitud que también abunda en Puerto Rico.

“Si yo fuera otra persona, yo seguiría los “signs,” comenta Asriel Gonzalez acerca de los rótulos de precaución en la playa Jobos de Isabela. “SI no soy de aquí y yo no conozco la playa, yo no me voy a meter así al garete.”

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Recientemente, el Centro para la Investigación Social Aplicada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, ha trabajado con varios estudios de casos en los que se examina la construcción ilegal de residencias de temporada en la costa —segundas viviendas o residencias para vacacionar—  por parte de personas relativamente acomodadas. Nuestros datos sugieren que este tipo de construcción suele hacer uso de antiguas políticas y prácticas gubernamentales que, originalmente, estuvieron destinadas a proteger las viviendas construidas por los más pobres. Aquí haré  referencia a los estudios de caso de dos comunidades que recientemente se han transformado en importantes destinos turísticos en Puerto Rico y que, por ende, se han tornado particularmente vulnerables a la expansión de esta modalidad ilegal de construcción.

Contexto

Para entender el proceso que, de acuerdo a algunos artículos publicados en diversos rotativos del País, promueve “la construcción ilegal por los ricos,” es importante contextualizarlo en la historia del área. De acuerdo a las estadísticas que arrojó  el censo del 2000, el poblado de La Parguera tiene 1,141 residentes permanentes. La mayoría viven en el sector conocido como Parcelas, nombre que tiene sus raíces en la distribución de tierras y en políticas de vivienda iniciadas en la década de 1940 y que continuaron hasta los años 70, cuando los residentes recibieron títulos de propiedad permanentes. Estas parcelas fueron distribuidas a un grupo poblacional conformado principalmente por agregados, es decir, peones sin tierra que vivían en propiedades pertenecientes a grandes terratenientes quienes a su vez, les proveían, según la temporada,

trabajo agrícola. Esto ocurrió  así en La Parguera y en muchos otros pueblos de la Isla. Las casas eran construidas en estas parcelas o porciones de tierra mayormente a través de un sistema conocido como ayuda mutua, mediante el cual el estado proveía materiales y un plano básico, y los vecinos organizaban equipos de construcción y erigían las casas.

La comunidad Stella, ubicada en pueblo de Rincón, parece haber surgido de forma similar. Su población actual, de acuerdo al censo del 2000, es de unos 1,293 habitantes. En las entrevistas de historia de vida llevadas a cabo en Stella y en La Parguera sobresalen las políticas de distribución de tierras, la construcción de viviendas a través del programa de ayuda mutua y un rápido proceso de construcción de comunidades que en algunos casos fue complementado con centros comunales y escuelas. Sus poblaciones comparten también un componente particular,  propio de las parcelas costeras: Residentes que son o que eran pescadores artesanales independientes o cuasi-independientes  y que suelen llevar, como grupo, cierto rol simbólico de representar a la comunidad y su noción de lugar[2]. Aunque originalmente, la proximidad al mar no parece haber sido un criterio importante para los solicitantes de parcela (de hecho muchos pedían explícitamente estar separados del mar) es justamente debido a la costa cercana que ambas comunidades se han vuelto tan atractivas para la industria del turismo en Puerto Rico, y este atractivo refuerza el proceso de construcción ilegal que discutimos aquí.

Construcción ilegal

Históricamente, La Parguera ha experimentado dos tipos de construcción ilegal. El primer tipo—hoy día reconocido y documentado como legal—involucra a los hijos de los dueños de parcelas, quienes durante la década de los 80 construyeron en un terreno baldío pequeñas casas de madera y otros materiales. En la tradición de los rescates – término3 que usualmente se adjudica en los escritos académicos sólo a los casos en que los desposeídos construyen viviendas ilegalmente — los primeros habitantes del sector conocido como Villa Cañona le presentaron a los políticos y a la prensa un caso sólido, basado en la necesidad económica y en su biografía como hijos del lugar. A medida en que el valor de la propiedad inmueble fue aumentando en La Parguera, debido a la elitización4 asociada al aumento en la actividad turística y a la compra venta de viviendas vacacionales, los hijos de los residentes de antaño se vieron incapaces de costear los precios de las casas en su propia comunidad. Fueron exitosos en sus reclamos y hoy día lo que originalmente se llamaba Villa Cañona es parte oficial del sector Parcelas en La Parguera.

El segundo tipo de construcción ilegal es el fenómeno de la caseta, descrito en mi ensayo “Deluxe Squatters in Puerto Rico” (CENTRO Journal 20 [2]). Las casetas son casas de madera que generalmente poseen entre una y tres habitaciones. La tipología básica de Jopling (Puerto Rican Houses, 1988) las denomina “casas de agua”. Según historias de vida recopiladas en La Parguera, tan temprano como en la década de 1930, había casetas allí. Algunas les pertenecían a pescadores que luego se mudaron a las parcelas. Al menos una de ellas era ya conocida como vivienda de temporada, propiedad de un médico de Lajas. Las fotografías áreas de La Parguera sugieren que la construcción continuó a través del tiempo y al día de hoy, las casetas bordean la costa de La Parguera. Al momento en que realicé mi estudio etnográfico, el cual concluyó en el 2003, sólo encontré tres, de sobre 200 casas, que eran utilizadas por sus dueños como primera residencia; el resto eran viviendas de temporada utilizadas o alquiladas durante las vacaciones o los fines de semana. Las casetas en La Parguera no aparecen en el Registro de La Propiedad que contiene todas las construcciones en el área. Sin embargo, y a pesar de su dudoso estatus legal, éstas son vendidas a precios más elevados que el de una casa promedio de cemento registrada legalmente en la vecina comunidad de Parcelas. A pesar de las frecuentes amenazas emitidas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, aparentemente solamente un desalojo ha tenido lugar en las casetas. La mayoría de los dueños de casetas ha hecho caso omiso a estas amenazas, y organizándose como grupo, han contratado abogados (y, de acuerdo a lo expresado por algunos residentes, una firma de relaciones públicas) para protegerse de futuros intentos de desalojo. ¿Cómo estas casetas pueden ser construidas si son ilegales? De acuerdo a las personas entrevistadas, un posible casetero, o un especulador tratando de realizar una buena venta, contratan trabajadores locales que construyen la caseta de noche y en secreto.

La construcción ilegal de viviendas de temporada es también una cualidad sobresaliente de la comunidad Stella en Rincón.  Allí, todas las casas están registradas, excepto aquéllas construidas cerca de la playa. Aunque las parcelas de Stella son bastante típicas demográficamente hablando, y muchas aún exhiben la arquitectura característica del programa de ayuda mutua, el caso no es el mismo en las dos calles que se encuentran directamente de cara al mar. Allí, las casas de huéspedes y los pequeños hoteles se han convertido en una barrera visual entre las parcelas y la playa. De acuerdo a las entrevistas de historia de vida,  después de la distribución de las tierras de parcelas en los años  40 y 50, algunos solicitantes que no recibieron parcela construyeron sus casas en la franja de terreno que queda justamente mirando al mar. Ante la evidente necesidad de vivienda que esas familias exhibían, el estado les dio no un título sino un “número”, una especie de permiso de uso.  A medida en que la vista costera fue adquiriendo valor para los puertorriqueños más acaudalados y para los empresarios y veraneantes estadounidenses, estos ocupantes ilegales “vendieron”  sus derechos sobre la tierra.  Actualmente, la mayoría de las estructuras en esa franja de Stella son hospederías, y sus dueños aparentemente norteamericanos.

En ambos casos —La Parguera y Stella—, las políticas y prácticas de construcción establecidas fueron diseñadas como una respuesta explícita del estado (primero el gobierno de Muñoz y luego el de Ferré) a  las necesidades de tener una vivienda primaria de la clase trabajadora puertorriqueña. Con el tiempo, no obstante, sectores más privilegiados tomaron ventaja de estas políticas y prácticas con el fin de poseer terrenos costeros y establecer accesos al mar más privados, ya sea para uso, vista o ambos.  Estos  procesos no son exclusivos de los dos casos que aquí se discuten. Un ejemplo bastante visible es el del poblado de Joyuda, localizado al oeste del país, donde el Mar Caribe está al lado de la carretera pero es prácticamente invisible al conductor, bloqueado por las estructuras predominantes que son los restaurantes y las casas y edificios de temporada.  En Papayo, al sur y cerca de La Parguera, los residentes más pobres reciben dinero por parte de posibles dueños de viviendas de temporada y de especuladores, para que al amparo de la noche puedan cercar, construir y vigilar estructuras de madera en las colinas que posean las mejores vistas al mar. En Mayagüez, el grupo ambientalista Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente denunció recientemente  la presencia de dos casetas construidas ilegalmente al lado del mar en el barrio de Boquilla, y durante dos años ha tratado, infructuosamente, de llevar a los dueños a los tribunales .

En resumen, a medida que el acceso al mar adquiere valor cultural y material para sectores más privilegiados que aquellos que históricamente han dependido del mar como medio de vida, se han manipulado políticas y  prácticas que fueron originalmente desarrolladas para proteger los derechos a la vivienda primaria. Las estructuras vacacionales así construidas están asociadas a la elitización de las costas y, aunque la construcción y el mantenimiento de esas propiedades provee algún empleo para los residentes permanentes, estos tienden a ser informales y sus salarios, bajos, perpetuando así  los problemas económicos de muchos barrios costeros. Estos hallazgos y otros sugieren la necesidad de modificar la política actual de construcción, de manera que se protejan los derechos de vivienda de los residentes tradicionales, especialmente los más pobres, y que y las costas no se conviertan en meros espacios de asueto privados para los más ricos.

[1] La autora agradece el insumo de Michael González (CISA), Emely Medina (CISA), y el equipo editorial de Marejada en la preparación de este escrito. Una versión anterior del mismo apareció en Anthropology News, en diciembre de 2008 (Vol 49. Núm. 9), bajo el tí tulo Claiming Coastal Property in Puerto Rico.

[2] Para una mirada más profunda a la historia de las comunidades pesqueras en Puerto Rico, puede consultar los trabajos de Griffi th y Valdés-Pizzini, “Fishers at Work, Workers at the Sea,” y Ricardo Pérez, “The State and Small-Scale Fisheries in Puerto Rico.”

[3] Para aprender más sobre los rescates en Puerto Rico, recomendamos los trabajos de Juan Llanes Santos, (Desafi ando el Poder, 2001) y Liliana Cotto

[4] Luz García Herrera documenta los disti ntos términos que se han utilizado para traducir el inglés gentrifi cati on: aburguesamiento, aristocratización, gentrifi cación y eliti zación. Como ella, preferimos éste último porque nos parece que recoge las cualidades esenciales del fenómeno.

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Vieques sigue bajo amenza.

Ya no sobrevuelan aviones militares ni se siente el detonar constante de las bombas, pero los casi 10 mil residentes de la isla aún sufren los estragos de la contaminación que dejó la Marina de los Estados Unidos. La lucha por la paz, la salud y la calidad de vida en esta isla de 51 millas cuadradas al este de Puerto Rico ha quedado inconclusa. La evidencia está en los cerca de 20 mil acres, repletos de miles de bombas sin detonar, químicos carcinógenos y metales pesados, que según los estudios del catedrático Arturo Massol y de la investigadora Elba Díaz de Osborne, ambos del Departamento de Biología del Recinto Universitario de Mayagüez, continúan afectando a los viequenses a través de la cadena alimentaria.

El peligro latente de los químicos y metales pesados como mercurio, uranio reducido, plomo, cadmio, cromo, manganeso, cobalto y los residuos de agente naranja, mantienen a la población en alto riesgo de contraer enfermedades relacionadas a la contaminación. Los viequenses, quienes sufren de unos niveles de cáncer que superan por casi 30 por ciento al resto de la población del archipiélago de Puerto Rico, ya no gozan del apoyo, de la organización comunitaria ni de los movimientos de desobediencia civil que lograron expulsar a la Marina de sus tierras en mayo de 2003. De aquellos momentos de regocijo sólo quedan recuerdos.

Cuando la Marina de los Estados Unidos abandonó la isla, traspasó gran parte de los 18,000 acres que poseía en Vieques al Departamento del Interior. Éste a su vez designó la zona de tiro como un Refugio de Vida Silvestre y lo transfirió a la Agencia de Pesca y Vida Silvestre, US Fish and Wildlife Service (USFWS). Esta estrategia, según explica la profesora de antropología de la Universidad Estatal de Montclair, Katherine T. McCaffrey, impide que la zona se limpie adecuadamente ya que indica que el área será restringida a los seres humanos. Es una estrategia que las Fuerzas Armadas han utilizado en otras zonas de tiro, pues según la ley, aquellas zonas designadas para la conservación requieren sólo de una limpieza superficial.

El legado de los 60 años de bombardeo, por parte de la Marina, permanece prácticamente intacto. Durante los años 1980 al 1990, la Marina arrojó en Vieques un promedio de 1,464 toneladas de bombas y explosivos anualmente, según cita McCaffrey a los archivos de la Marina. Gran parte del área de tiro—unos 980 acres— aún permanece sin limpiar. Y la zona que se ha comenzado a limpiar, la cual contiene cerca de mil bombas por acre, de acuerdo a una resolución interlocutoria de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), es muy probable que se queme en forma muy parecida a lo que ocurre con las plantaciones de caña en la isla—a menos que la comunidad logre activar nuevamente las estrategias de desobediencia civil que rindieron frutos en el pasado.

La desobediencia civil es lo único que detendría la posible quema, según explica el representante de la Marina Kevin Cloe, P.E., quien asegura que las Fuerzas Armadas no quemarían si hubiera personas en la zona de tiro.

“Nos aseguraríamos de que no hubiera nadie,” dijo Cloe, quien explica que la Marina posee radares y diversas formas de asegurarse de que no haya nadie en el área antes de quemar.

La Marina se apoderó de 26,000 de las 33,000 cuerdas del territorio viequense durante la década de los cuarenta. De ahí surge la forma tan irregular en que se han distribuido los terrenos. Miles de familias fueron expulsadas de las tierras en las que habían residido por generaciones y relocalizadas en áreas asignadas por la Marina. Las Fuerzas Armadas establecieron sus bases a los extremos este y oeste de la isla. El este se designó  para las prácticas de tiro y el oeste para el almacenamiento de explosivos. Las expropiaciones en la parte oeste, tuvieron el mayor impacto en la población, pues son las zonas más propicias para la agricultura, ya que reciben cerca de 45 pulgadas de lluvia anual, de acuerdo a las Guías para el Desarrollo Sustentable de Vieques, documento que fue preparado por un caudal de profesionales previo al desalojo de la Marina.

Además de ocupar la mayoría del territorio de Vieques, los militares obligaron el cierre y desmantelamiento de la Central Playa Grande, causando una grave crisis económica y un desempleo que ocasionó la emigración de miles de viequenses a la Isla Grande, Estados Unidos y Santa Cruz.

Cloe dice que la quema de cerca de 192 acres en la zona de tiro es la única estrategia viable para evitar poner en peligro al personal que actualmente trabaja en la remoción de chatarra en la zona de tiro. La zona, explica Cloe, está cubierta por vegetación lo cual impide divisar las bombas sin detonar, las cuales según la Marina podrían explotar a la menor provocación. Su solución: quemar con gasolina o diesel.

Es una estrategia que preocupa al experto en metales tóxicos y profesor de Química del Recinto Universitario de Mayagüez, Felix Román.

“Esto sería una opción rápida y económica, pero no necesariamente ambientalmente responsable,” señaló Román quien prevé la posibilidad de que la quema libere poliaromáticos y particulado al aire que podrían contener carcinógenos y substancias que al ser suspendidas por el viento podría ocasionar daños a la población que vive al centro del municipio. También podría provocar que ciertos químicos como el plomo sean liberados a la atmósfera para ser arrastrados por las escorrentías.

La JCA, responsable de salvaguardar la limpieza del aire en Puerto Rico, ha establecido unos parámetros para la quema contenida. La misma no podrá ocurrir durante días en que el aire este saturado por residuos del polvo de Sahara o en días en que la velocidad del viento o la humedad sea muy alta. La Marina tampoco deberá quemar más de 75 acres al día.

Al momento de la publicación de este artículo, la JCA, aún no había sometido un documento oficial a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), indicando la aprobación del permiso especial para la quema de los 192 acres en la zona de tiro, en espera de que la Marina hiciera unas modificaciones a sus modelos para la quema. No obstante, en su resolución interlocutoria ya ha manifestado su intención de aprobar la quema, lo cual alarma a la comunidad viequense, según explica Ismael Guadalupe, líder comunitario y uno de los principales opositores de las actividades irresponsables de la Marina.

A Guadalupe, le indigna el que la JCA no le haya exigido a la Marina otro plan de limpieza y critica el que las Fuerzas Armadas, capaces de desarrollar un armamento tan sofisticado como el que se ha utilizado en Vieques, no sean capaces de diseñar una forma segura de disponer de las bombas y los químicos que quedan enterrados en el subsuelo y que han contaminado los acuíferos, según encontró un tribunal internacional en el año 2000.

Ante la alarma de la población viequense, la alcaldesa del municipio, Evelyn Delerme, escribió una carta recientemente al jefe de la JCA,  Pedro J. Nieves Miranda, condenando la quema controlada y pidiendo que se le exija a la Marina otras alternativas para limpiar en la zona de tiro.  La comunidad por su parte, miles de viequenses, han radicado una demanda en la Corte Federal, alegando que la Marina expuso negligentemente a la población a niveles excesivos de tóxicos tales como plomo, mercurio, aluminio y cadmio.

No obstante, la JCA y EPA todavía concurren con la Marina en que la quema de los casi 200 acres es la forma más viable de disponer de la contaminación.

El ingeniero Daniel Rodríguez, gerente de remediación de la EPA y residente en Vieques, dice que aunque le preocupa el efecto que la quema controlada en la zona de tiro pueda tener en la población, la prefiere a que la Marina se vaya sin limpiar nada. Señala que la Marina ha intentado limpiar con la ayuda de robots y de otras maneras pero que no ha tenido éxito.

“No ha sido un proceso fácil para la Marina,” asegura Rodríguez.

Tampoco lo ha sido para los viequenses, señala Bob Rabín, otro de los líderes comunitarios cuyo trabajo fue clave en la expulsión de la Marina de Vieques. Ahora resulta mucho más difícil, explica Rabín, pues la organización y el apoyo por parte de la Isla Grande de Puerto Rico, Nueva York y otras partes del mundo está desarticulada y resulta inminente el que las nuevas generaciones se organicen para defender el bienestar de los residentes de la Isla Nena.

Para Alberto de Jesús, el activista conocido como Tito Kayak, quien comenzó el movimiento de desobediencia civil en Vieques, luego de que una bomba errante cobrara la vida de David Sanes en abril de 1999, el momento de manifestarse es ahora.

De Jesús catalogó al hecho de que la Marina propusiera quemar en la zona de tiro en los días cercanos a la conmemoración de los 10 años de la muerte de Sanes como una “provocación y una falta de respeto.”

“No se puede permitir,” expresó de Jesús acerca de la quema. “Hay que hacer lo que hay que hacer. Vamos a to’as.”

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José Rafols ya perdió la cuenta de la cantidad de personas que ha rescatado del agua en los más de 30 años que lleva practicando el deporte del surf en la playa Jobos de Isabela. Sin embargo, no olvida a los dos bañistas que socorrió de las olas cuando ya era muy tarde y que luego vio morir en la arena.

Es un sufrimiento que comparte con los familiares de esas personas que vinieron a disfrutar de un día placentero de playa y sucumbieron ante el mar.

Rafols no es salvavidas, pero debido a que no existe un programa de socorristas en las playas alrededor de Puerto Rico, él y otros surfistas se ven forzados a diario a rescatar a los bañistas. Asriel Gonzalez, también surfista de la zona, ha rescatado hasta cinco personas en un día, cosa que no es rara, según explica Rafols.

En Puerto Rico mueren ahogados alrededor de 50 personas todos los años, 25 en el mar y 25 en otros cuerpos de agua, según Ruperto Chaparro, director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico con sede en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). La estadística, según afirma, es inaceptable cuando se compara con playas en los Estados Unidos, que con un número mayor de visitantes, enfrentan menos fatalidades, gracias a la presencia de un salvavidas.

La mayoría de esas muertes, dice Chaparro, se podría evitar si el Gobierno y la ciudadanía tomaran las debidas precauciones. Según señala,  este tema se discute en Puerto Rico desde hace 23 años, pero  aún no se ha establecido un programa que asigne salvavidas a las playas del archipiélago.

“Nosotros estamos invitando a los turistas y a los mismos puertorriqueños a que vayan a nuestras playas a ahogarse o a tener una pérdida de un ser querido”, expresa al reiterar la importancia de que las autoridades tomen acción ante la situación de escasez de guardavidas.

Celia Seda, turista de Nueva York, cuenta que durante las pasadas tres semanas ha visitado las playas en Isla Verde, Cabo Rojo, Dorado e Isabela, y en ninguna ha visto un salvavidas. Por esta razón, preparó a su hijo de cinco años con flotadores y no le perdió de vista durante el tiempo que estuvo en la playa.

¡Qué se salven más vidas!

Si bien es cierto que el Gobierno debería tomar medidas más rigurosas para prevenir accidentes en las playas, los ciudadanos también deberían tomar precauciones para evitar una tragedia.

El director del Sea Grant recomienda revisar las condiciones del tiempo antes de salir de su hogar. Señala que cuando hay marea alta, se pueden formar corrientes de resaca, las cuales incrementan el riesgo de un accidente. Agrega que es conveniente hablar con las personas locales de la playa para aprender acerca de las precauciones a seguir. Advierte que el fondo del mar es irregular y podría tomarle desprevenido.

Asimismo, aconseja evitar nadar solo. Si anda con niños, manténgalos cerca y con flotadores. Si va a tomar alcohol, es como si fuese a guiar un carro, no entre al agua, puntualiza.

También insta a desarrollar sus destrezas acuáticas. “Saber nadar no es que te tires a una piscina y salgas al otro lado en la orilla”,  dice Chaparro. “Saber nadar es que tú puedas estar una hora en el agua. O que puedas saber cómo actuar en una corriente de resaca”.

Indica que las corrientes de resaca, en donde el agua se transporta de la costa nuevamente hacia el mar, son capaces de arrastrarle con fuerza. Para salir de ella, se debe nadar paralelo a la costa o dejarse llevar de forma relajada hasta que la misma corriente le saque. Lo importante es no desesperarse o nadar en contra de la corriente.

Por otro lado, es crucial que se obedezcan los rótulos de precaución. Manuelle Speiser y Stephane Lagache, turistas de Martinique, fueron algunos de los que recientemente desafiaron los letreros de seguridad en la playa Jobos de Isabela para escalar un peñón en donde suelen romper las olas muy de cerca. Rafols comenta que frecuentemente ve a las personas caer y sufrir cortaduras severas, al rodar sobre las piedras puntiagudas tras el golpe de una ola.

“A los franceses nos gusta el peligro,” dice Lagache. Es una actitud que también abunda en Puerto Rico. “Si yo fuera otra persona, yo seguiría lossigns, comenta Asriel Gonzalez acerca de los rótulos de precaución en la playa Jobos de Isabela.“ Si no soy de aquí y yo no conozco la playa, yo no me voy a meter así al garete”.

Aproximadamente 25 personas mueren ahogadas anualmente en las playas de la Isla.

Son los surfistas los que en la mayoría de las veces actúan como socorristas, esto ante la falta de salvavidas en las playas de Puerto Rico.

Ruperto Chaparro (a la izquierda) conversa con José Rafols (derecha), instructor de surf que ha rescatado decenas de personas de un posible ahogamiento.

Se exhorta a los ususarios de las playas a que sigan las directrices de los rótulos y se orienten sobre las características del lugar.

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“Del mar llegó Moisés, Moisés llegó del  mar, llegó en un atardecer, amor vino a buscar.” Tony Croatto

Este bebé manatí parece estar protegido por algún ángel marino, pues su historia es muy distinta a la de la mayoría de los mamíferos que quedan varados en nuestras costas.

El que conozcamos los detalles de su vida es de por sí una excepción.

Con tan sólo dos semanas de nacido, quedó varado en el Sector Machete en Guayama. Fue avistado por un turista y rescatado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para luego ser trasladado al Zoológico de Puerto Rico en Mayagüez. Y aunque aparenta estar solo en su piscina de agua dulce — ya  que no puede recibir visitas del público— lo rodean otros guardianes que cuidan de su salud, vigilan su peso, monitorean el agua y observan su conducta.

Mientras el manatí se recupera, permanece a salvo de los peligros generados por los seres humanos. Es un lujo que pocos mamíferos marinos tienen en nuestras costas.

“La destrucción de su hábitat, (las amenazas de) los botes y los ‘jet skis,’ los derrames de petróleo y sus derivados y el hilo de pesca son algunos de los riesgos que enfrentan los manatíes,” mencionó el doctor Luis Figueroa, veterinario del Zoológico de Puerto Rico. “Destruyen las praderas de Thalassia (especie de yerba marina) y se quedan sin comida,” añadió refiriéndose a algunos dueños de embarcaciones que no tienen el debido cuidado al anclar sus botes en las praderas de hierbas marinas en lugar de hacerlo en boyas de anclaje o en sitios más seguros.

Atender un manatí es una tarea bastante parecida a la de cuidar a un niño recién nacido, según demuestran sus custodios del personal del Programa de Rescate de Mamíferos Marinos (PRMM) del DRNA.

“Al principio lo alimentábamos cada tres horas y estábamos 24 horas junto al manatí,” señaló Luis Figueroa, quien, junto a los señores David Cole, Oscar Vázquez y un nutrido grupo de estudiantes voluntarios, cuida del crío. “Ya tiene dos meses y medio y ha alcanzado un peso saludable de 77 libras. Ahora, trabajamos en turnos de tres horas que comienzan a las 6 a.m. y terminan a la 1 a.m. del día siguiente.”

La mayoría de los mamíferos marinos que habitan nuestras aguas no reciben tanta atención.

A pesar de que las costas y las aguas oceánicas de Puerto Rico están repletas de mamíferos marinos, la información que poseemos acerca de las especies que circundan el archipiélago puertorriqueño es escasa. Aún cuando se sabe que diversos tipos de ballenas y delfines viven y visitan el Caribe durante todo el año, son muy pocos los censos que se han realizado en las aguas de Puerto Rico, lo cual podría ser crucial a la hora de diseñar medidas para su protección.

“Es difícil legislar y tomar medidas si no se conoce la población,” expresó preocupada Grisel Rodríguez del  Laboratorio de Investigaciones Pesqueras en Joyuda, un componente del DRNA. Además, si ocurre un varamiento en masa (que pudiera ser producto de un derrame de petróleo, por ejemplo), ¿cómo vamos a ayudar a los mamíferos a recuperarse si no sabemos cómo era su población? ¿Cómo vamos a saber si el número de individuos es aceptable si no conocemos cuántos había antes?,” mencionó mientras explicaba la importancia de llevar a cabo un censo de la población de mamíferos marinos.

En la mayoría de las ocasiones en que queda un mamífero varado, el animal muere. A veces, pasan días antes de que alguna persona avise al Programa de Rescate de Mamíferos Marinos que hay un animal varado. Mientras más días transcurren, menores son las posibilidades de obtener información acerca de la causa de muerte del animal y de sus patrones de conducta, alimentación y reproducción previos a su fallecimiento.

Además, si los seres humanos desconocen su presencia en nuestros mares o el impacto que está teniendo nuestra conducta en su ecosistema, difícilmente se pueden implementar los cambios necesarios para protegerlos. Los delfines, las ballenas y los manatíes a menudo comen, por equivocación, bolsitas plásticas de comestibles y de hielo. Son heridos por las hélices de los motores de las embarcaciones y se enredan en el hilo de pesca que arrojan los pescadores, lo cual provoca su muerte por asfixia o gangrena. Otros quedan varados, agonizantes, a la orilla del mar.

En las aguas de Puerto Rico se han identificado tres mamíferos marinos en peligro de extinción: la ballena jorobada, el cachalote y el manatí antillano. Estas especies están amparadas bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Así como esta ley protege a los mamíferos marinos en peligro de extinción, existen otras leyes que salvaguardan el bienestar de estos organismos.

A nivel federal, la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de 1972 obliga a proteger a los mamíferos marinos y a recopilar la información necesaria para estos fines. Existen muchos factores que contribuyen a la falta de información acerca de nuestros parientes marinos. Asimismo, la Ley 241 de Vida Silvestre de Puerto Rico provee directrices para el manejo, la protección y la conservación de estos organismos en Puerto Rico.

El Programa de Rescate de Mamíferos Marinos del DRNA vela por el cumplimiento de estas leyes.

Pero a pesar de las leyes todavía hay un gran desconocimiento por parte del público acerca de los organismos que viven en nuestros mares y costas y los efectos que tienen las actividades humanas sobre estos cuerpos de agua.

“En Puerto Rico vivimos de espaldas al mar,” señaló recientemente Robert Mayer, profesor de biología en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla.

Existen muchos factores que contribuyen a la falta de información acerca de nuestros parientes marinos. Entre ellos se encuentran la falta de fondos designados para la investigación y las dificultades que conlleva el estudio de los mamíferos marinos.

No obstante, se han realizado algunos esfuerzos para rastrear mamíferos en nuestras playas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, ha llevado a cabo algunos censos de ballenas jorobadas esporádicamente y de paso ha documentado la presencia de otras especies, como ballenas piloto, delfines moteados, cachalotes y delfines hiladores, avistadas durante los censos. Por su parte, durante los pasados quince años, el personal de la Red de Varamientos ha hecho censos aéreos de manatíes.

“Es bien sacrificado irse por semanas mar afuera, soportar la intensidad del sol y tratar de avistar especies de mamíferos marinos,” comentó Rodríguez. “No siempre están visibles. Hay que esperar a que salgan a la superficie. No todo el mundo está dispuesto a soportar esas condiciones.”

Debido a las condiciones ambientales de nuestros mares el número de mamíferos en nuestras aguas es menor que en otras partes del mundo. El Caribe es un ambiente oligotrófico, es decir, bajo en nutrientes, y por consiguiente el número de presas es más bajo, lo que se traduce en menos alimento para los mamíferos marinos. Esto ocurre de manera distinta en las zonas templadas como el noroeste de los Estados Unidos donde abundan grupos grandes de mamíferos marinos. Es por esto que las ballenas de Puerto Rico emigran hacia el norte durante los meses cálidos para alimentarse.

En mayor o en menor cantidad, los mamíferos marinos habitan los océanos y los mares de todo el globo y comparten ciertas características. Son vertebrados de esqueleto óseo, tienen sangre caliente, respiran por medio de pulmones, fecundan y desarrollan a sus crías internamente y las alimentan mediante glándulas mamarias. No obstante, existen claras diferencias en el nivel de adaptación al ambiente marino que permiten distinguir unos organismos de otros y ubicarlos en tres clasificaciones: cetáceos, pinnípedos y sirenios.

Debido a esta diversidad de mamíferos marinos y a la escasez de información que existe acerca de ellos en nuestros mares y costas, es vital señalar cuáles son las necesidades en el manejo de estas especies, cómo se van a canalizar los fondos para su estudio e identificar los factores que las están afectando negativamente. Por tal razón, el DRNA y la Comisión de Mamíferos Marinos a nivel federal discutieron estos asuntos en una reunión que llevó a cabo en diciembre de 2008 en Puerto Rico. Además, en dicha reunión, el DRNA y la NOAA realizaron un acuerdo para el desarrollo de un taller de adiestramiento para la respuesta a varamientos. Este taller se efectuará en Panamá en el 2010 y beneficiará a los gobiernos de los países caribeños de habla hispana. También, el PRMM inició una serie de conversaciones con el Laboratorio del Sureste de Miami, perteneciente a la NOAA con el fin de realizar una evaluación de las poblaciones de mamíferos marinos basada en datos históricos.

Esta reunión, al igual que los esfuerzos que realiza el DRNA a través de su Programa de Rescate de Mamíferos Marinos, representa un paso adelante en la protección de estos organismos.

El bebé manatí es una muestra de ello. Aún no tiene nombre pero su recuperación ha sido favorable. Eventualmente, el manatí, al igual que el conocido Moisés en 1994, tendrá que volver al mar, interactuar con otros miembros de su especie y buscar su propio alimento.

Pero al igual que en el caso de Moisés, su interacción cercana con los humanos deja una huella y denuncia silentemente la situación que enfrentan muchos otros mamíferos marinos que quedan varados en nuestros mares y costas.

Quizás la canción que Moisés inspiró de las manos de Tony Croatto aún sirva de portavoz para otros mamíferos sin nombre.

“Hoy al verlo me he puesto a reflexionar,

el lugar de un manatí está en el mar.

Quiero que a su mundo vuelva,

pero siento el gran pesar,

de por ser tan amigable,

algún ser irresponsable,

por maldad o por abuso, lo pueda matar.”

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Por Milton D. Carrero Galarza y Cristina D. Olán Martínez

La historia habla por sí misma.

Un paseo en lancha entre las costas de Rincón y Aguada lo ilustra. De camino, una línea de surfistas aprovecha cada arco de las olas para subirse a un recorrido que desemboca frente a una planta nuclear en desuso. Un fulgor transparente sobre las olas traza el paso del sol en el azul del mar, que se extiende en el océano hasta chocar con una piscina de desperdicios, patógenos y sedimentos que impregnan de marrón la superficie marina.

Son las aguas usadas de la Planta de Tratamiento de Aguada que se confunden con las descargas del río Culebrinas a media milla de la costa. Y a sólo minutos de la zona de descarga, una manada de delfines se pasea por el mar.

Es la paradoja de belleza y contaminación que compite a diario por nuestras costas, nuestros ríos, nuestra agua potable. Esta colisión entre conservación y destrucción es la que enfrentan las agencias gubernamentales a la hora de decidir entre otorgar un permiso a aquéllos que proponen explotar algún recurso natural o atender los reclamos de aquéllos que se oponen y exigen que el desarrollo se lleve a cabo de manera sustentable.

En este caso, el conflicto lo propicia la Planta de Tratamiento de Aguas Usadas de Aguada que solicita una dispensa a la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, para continuar descargando estas aguas usadas, tratadas solamente a nivel primario, a menos de 800 metros de la orilla del mar. Esto no tan sólo preocupa a los pescadores, a los bañistas y a los vecinos, sino que promueve un nivel de tratamiento que está prácticamente extinto en los Estados Unidos y en otros países desarrollados.

Actualmente, hay cerca de 19,000 plantas de tratamiento en los Estados Unidos y sus territorios, según la EPA. De ésas, sólo 37 son de tratamiento primario, de las cuales seis están localizadas en Puerto Rico –aproximadamente un 16 por ciento de todas las plantas de tratamiento de aguas usadas en todo Estados Unidos y sus territorios.

™La EPA puede discriminar contra Puerto Rico porque si intervienen con las plantas de tratamiento de aguas usadas aquí, tendrían que aportar fondos para ayudarlas a subir su nivel de tratamiento,∫ explicó la doctora Ana Navarro, especialista en calidad de agua del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico.

Según el doctor Jorge García Sais, quien hizo un estudio exhaustivo de las aguas aledañas a la zona de descarga de la Planta de Tratamiento, hay una presión ™gigantesca∫ de parte del gobierno para que se concedan estas dispensas debido al costo que conllevaría aumentar el nivel de tratamiento de las aguas usadas que regularmente son descargadas al mar.

Para Edwin ™Paúco∫ Font, pescador con más de 40 años de experiencia en las costas de Puerto Rico, el costo ambiental es mayor que el económico. Según Font, el agua de la zona de descarga está turbia 300 de los 365 días del año. Él lo sabe pues depende de esos días en que el agua está clara para pescar langostas a sólo media milla de la zona de descarga. Además, durante los pasados 20 años, navegó esas aguas diariamente rumbo a su zona de buceo en Isabela.

™Yo tengo una marquita ahí y estoy pendiente a que eso aclare,∫ señaló Font.

A pesar de que diversos científicos que han evaluado las aguas señalan que la zona tiene una capacidad rápida de mezcla, su experiencia es que las corrientes son muy lentas y no permiten que los sedimentos y los contaminantes que descarga el río y la planta de tratamiento se disipen fácilmente.

En el caso de la Planta de Tratamiento de Aguada, el tubo de evacuación se encuentra a una distancia de menos de media milla de la orilla y existe un desacuerdo en cuanto a la profundidad del mismo.

Una visita a las coordenadas que la Planta de Tratamiento cita en la solicitud de dispensa demuestra que la zona tiene menos de 30 pies de profundidad. Sin embargo, oficiales tanto de la EPA como de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) señalan que el tubo está a una profundidad mayor. Mientras Jaime Géliga, de la EPA, indica que el tubo descarga a 60 pies de profundidad, el ingeniero Juan Carlos Pérez Bosill, Director de Cumplimiento de la AAA a nivel central, dice que el tubo puede llegar a 80 pies. García Sais señala que el tubo está a 45 pies de profundidad, siendo así el desagüe de menos profundidad de todas las plantas de tratamiento primario en el país.

™La marca que yo tengo es media milla más (lejos) y es 42 pies, así es que es imposible que eso tenga 60 pies,∫ indicó Font.

Los oficiales de ambas agencias también difieren de los pescadores, de los científicos y de los bañistas acerca de la probabilidad de que los contaminantes lleguen a la costa.

™Pudieran llegar y llegan porque están descargándose en la bahía,∫ expresó García Sais. ™Yo no creo que esta planta es beneficiosa para nadie.∫

Además de la concentración de patógenos que se encuentran en las aguas cercanas al desagüe de la planta de tratamiento, la contaminación también contribuye a la proliferación de medusas, lo cual pudiera alterar el balance del ecosistema, explicó García Sais.

Y aún con estos riesgos, por diversas razones, es muy difícil medir el impacto ambiental directo de las descargas de la planta de tratamiento.

™El que hizo esto es un genio,∫ refiriéndose a cómo la Planta de Tratamiento es capaz de enmascarar sus descargas con las del río. ™Se confunden los contaminantes.∫

Cuando llueve, las descargas del río son mayores, lo que hace aún más difícil la tarea de distinguir qué patógenos vienen del río o proceden de la  planta de tratamiento. Y aunque el muestreo comienza dentro de la planta de tratamiento, mientras el río siga descargando grandes cantidades de agua es difícil establecer un enlace categórico entre los contaminantes y la planta de tratamiento.

Es por eso que la Planta de Tratamiento, en la Certificación de Compatibilidad con el Programa de Manejo de la Zona Costanera, indica que no existe ningún impacto adverso al ambiente marino de la zona.

Pero los que han estudiado las aguas de la zona saben que el efecto de estas descargas en el mar no se puede obviar.

™Yo no he dicho que no tiene un efecto,∫ aseguró García Sais, quien sugiere que se realicen pruebas en el agua durante las épocas de sequía. De esta manera, indica el experto en oceanografía biológica, se puede atribuir con mayor seguridad la relación entre los contaminantes en el agua y las descargas de la planta de tratamiento que inevitablemente tendrán que arrojar al mar.

™Es como cuando tienes que hacer una necesidad biológica,∫ señaló, ™tú lo puedes aguantar y aguantar, pero tarde o temprano tienes que ir al baño.∫ En otras palabras se debe muestrear en las aguas durante la temporada de sequía cuando la planta alcance su capacidad de almacenamiento de aguas tratadas y se vean obligados a descargar.

No obstante, el que no se pueda establecer un enlace directo entre las descargas de la planta de tratamiento y la presencia de patógenos en el mar, no significa que no afecte el ecosistema. El argumento es similar al que utilizaron las industrias tabacaleras durante mucho tiempo para negar que fumar causa cáncer.

™Una vez tú tiras algo dañino, algo vas a impactar negativamente,∫ manifestó el pescador. ™Tú no estás tirando agua destilada, ni agua de manantial. Tú lo que estás tirando es agua contaminada. øCómo no va a afectar?∫

Aunque ninguno de los tratamientos dejaría el agua igual que si fuera destilada, un tratamiento secundario disminuiría significativamente el impacto ambiental.

Normalmente, las aguas usadas de las fábricas, de las empresas y de aquellos hogares conectados al sistema de acueducto llegan todas a la tubería de alcantarillado sanitario. En ese lago de desperdicios, dice Pérez Bosill, representante de la AAA, se puede hallar de todo: desde troncos, latas y toallas sanitarias, hasta animales y– en ocasiones contadas– fetos de bebé. Se desplazan hasta una estación de bombas donde son impulsadas en su recorrido hacia la planta de tratamiento.

En el tratamiento físico o primario, el afluente pasa por unas parrillas o rejillas, desarenadores y trituradores que remueven los sólidos de mayor tamaño. El filtrado pasa luego por unos tanques de sedimentación que precipita los sólidos al fondo, separándolos del agua que permanece en la superficie. El llamado lodo o cieno que queda en el fondo se envía a un digestor o se airea para ir luego al vertedero, ser incinerado y/o usado como composta en la agricultura. El agua, a su vez, es descargada al mar, después de ser tratada con cloro.

La clorinación por sí sola, según explicó Navarro, no basta para asegurar que se erradiquen las bacterias antes de que el efluente sea lanzado al mar. Si bien es necesario que la planta continúe descargando los millones de galones que consume la comunidad diariamente, es vital que se tomen mayores medidas para disminuir la contaminación, puntualizó Navarro.

™El `issue’ no es que no se descarguen las aguas tratadas, sabemos que tienen que descargar, lo que queremos es que mejoren el tratamiento,∫ expresó.

Es el mismo reclamo que hace Jorge Sepúlveda, vecino de la Planta de Tratamiento y presidente de Ciudadanos Aguadeños Pro Conservación del Ambiente.

™Esa planta tiene la capacidad para hacerla secundaria,∫ señala Sepúlveda. ™øPor qué la EPA no le exige? Tienen una medida distinta en Puerto Rico. Aquí permiten unas cosas que allá no,∫ expresó refiriéndose a los EUA.

En el tratamiento secundario, las aguas, además de ser sometidas inicialmente al proceso de tratamiento primario, también pasan a otro tanque en donde se degradan los sólidos restantes hasta eliminarlos. Para asegurar que no queden sólidos sedimentables, el agua vuelve a pasar por otra separación física en otro tanque antes de lanzarse al mar, tras desinfectarse con cloro. Un tratamiento terciario, removería del agua substancias tales como nitratos, nitritos y amonia para evitar restringir la cantidad de oxígeno disponible en el mar, necesario para sustentar el ecosistema marino.

Según Perez Bosill, quien supervisa el desempeño de las seis plantas de tratamiento primario en la isla, la inversión mínima necesaria para llevar la planta a nivel secundario es de $100 millones, eso sin contar los gastos de mantenimiento que también serían cuantiosos.

Sin embargo, con las alzas en el precio del servicio de agua, expresó Ruperto Chaparro, director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, lo menos que debe hacer la AAA es asegurarle al pueblo que no están contaminando las playas del país ni comprometiendo la atracción más importante para las industrias de la recreación y del turismo.

™El que el gobierno no reconozca la necesidad de ofrecer tratamiento secundario a las aguas usadas representa una falta de interés en el manejo adecuado de un recurso natural que constituye un habitáculo esencial para los mamíferos marinos y las pesquerías, apuntó Chaparro.

No basta con confiar en que la AAA opte por hacer mejoras, es necesario que la comunidad se organice para provocar los cambios, comentó el profesor Juan Carlos Martínez Cruzado, quien fue instrumental en la lucha que libraron los residentes de Mayagüez para propiciar que la Planta Regional de Tratamiento de Aguas Usadas de Mayagüez optimizara su servicio de primario a secundario.

En el caso de Mayagüez, se requirió una lucha de más de una década en la que la comunidad ejerció presión hasta el punto de ir a Washington a testificar frente a la EPA. Y rindió frutos, pues recientemente esta planta de tratamiento obtuvo un galardón por su desempeño otorgado por la National Association of Clean Water Agencies.

Sepúlveda y los vecinos de la zona de descarga en Aguada se opusieron en el 2003 cuando la Planta de Tratamiento de Aguada solicitó la misma dispensa. Aunque perdieron la batalla en los tribunales su lucha logró que disminuyera el mal olor en la costa.

™No es que nos hemos rendido,∫ dijo Sepúlveda, ™lo que estoy diciendo es que no es fácil.∫

Conseguir un cambio en esta ocasión resulta ser igual de cuesta arriba, pues Géliga, quien es Jefe de los Programas de Aguas Municipales en la División de Protección Ambiental del Caribe, división de la EPA que evaluará el caso, ya ha dicho que es muy  probable que la Planta de Tratamiento obtenga nuevamente la dispensa.

Mientras se mantenga el patrón de otorgar dispensas a las plantas de tratamiento primario en vez de ayudarlas en la transición para que el tratamiento se mejore a secundario, expresó Martínez Cruzado, le estamos enviando el mensaje equivocado a la población que depende de los recursos costeros cerca de la zona de descarga.

™øCuál es la ruta que vamos a tomar?,∫ señaló Martínez Cruzado, ™Si vamos a tomar la ruta de que somos un vertedero, por lo tanto no va a haber proyectos de turismo, restaurantes ni pesca cerca de las playas, o si nos vamos a dar a respetar y vamos a desarrollar nuestro entorno de una forma saludable.∫

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La marea roja

Parecería que el mar se baña en sangre. Su característico color rojo arropa el agua. Quizás este fenómeno, popularmente conocido como “marea roja,” tenga su atractivo visual pero sus consecuencias no son favorables para el ser humano y mucho menos para la ecología de las zonas donde se produce. Los científicos han denominado estas pigmentaciones como floraciones de microalgas nocivas (FMN) o “harmful algal blooms,” en inglés. Aunque en muchas ocasiones su aspecto destila un color rojo, las FMN pueden mostrar otros colores. Existen casos de floraciones de color amarillo o verde, entre otros colores, dependiendo de la especie responsable.

A pesar de que en Puerto Rico se han reportado eventos de marea roja, no se han documentado efectos nocivos asociados a estos eventos. La ciguatera es la única enfermedad causada por dinoflagelados tóxicos en la Isla, pero la misma no está asociada a eventos de marea roja.

Cómo, cuándo y dónde

La doctora Yasmín Detrés, bióloga marina adscrita al Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, explicó que las FMN son acumulaciones de ciertos microorganismos fotosintetizadores y fitoplancton, en la superficie del mar entre los cuales figuran los dinoflagelados. No obstante, otras clases de microalgas como las diatomeas, las cianobacterias y las primnesiofitas o cocolitofóridos, también pueden causarlas. Estos organismos poseen los pigmentos que imparten las coloraciones llamativas al agua. La coloración dependerá del tipo de microalga presente y de su composición de pigmentos. En el caso de los dinoflagelados su pigmento predominante, y responsable de impartir el color rojo al agua, es el pigmento carotenoide peridinina.

Para que ocurran las floraciones, Detrés explicó que es necesario que se den unas condiciones físicas, químicas y biológicas favorables para el crecimiento y la predominancia de una especie fitoplanctónica particular aunque las mismas suelen estar conformadas por más de una especie. Además, “se necesitan condiciones meteorológicas e hidrográficas adecuadas que permitan la acumulación de estas microalgas en la superficie,” mencionó la bióloga.

En Puerto Rico, debido a los altos niveles de precipitación, también aumenta la cantidad de dinoflagelados en nuestras aguas, como ocurrió en La Parguera recientemente. No obstante, a diferencia de países como Chile o India, donde la marea roja afecta la pesca y puede tener efectos letales en quien consume los peces, en nuestra isla no es dañina.

Consecuencias de la marea roja para la salud, el medio ambiente y la economía

Deborah Cedeño, candidata doctoral del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, cuyo trabajo investigativo está relacionado al dinoflagelado ictiotóxico (nocivo para los peces) Cocholodinium polykrikoides, indicó que este fenómeno de la marea roja acarrea consecuencias nocivas para la salud del ser humano, para el medio ambiente y para la economía. En los seres humanos, la marea roja puede provocar síndromes tóxicos que llegan al organismo por vías de la alimentación. Al ingerir peces y mariscos como camarones, almejas, vieiras, ostras y mejillones, el ser humano puede sufrir de algún tipo de intoxicación como por ejemplo el envenenamiento paralítico, diarreico, neurotóxico y amnésico, así como sufrir los efectos de la tetradotoxina y de la ciguatera. Éstas últimas, afectan principalmente a ciertos peces y han sido descritas para zonas tropicales. A pesar de que la ciguatera es ocasionada por un dinoflagelado tóxico, ésta no forma floraciones.

Por otra parte, la marea roja también tiene efectos negativos sobre el medio ambiente. A nivel ecológico dichas floraciones causan: desplazamiento de especies endógenas, alteración de hábitats y de estructura trófica, condiciones de anoxia, deterioro en la calidad del agua, mortandades masivas de peces y de organismos filtradores, tales como los bivalvos, y muerte de aves y de mamíferos marinos. Estos efectos sobre el medio ambiente también tienen severas repercusiones sobre la industria turística, la acuicultura y la recreación.

El incremento

Durante las últimas décadas, los eventos de FMN aumentaron sustancialmente en aguas costeras alrededor del mundo. Las doctoras Detrés y Cedeño expresaron que dicha tendencia se debe tanto a causas naturales como antropogénicas entre las cuales resaltaron las siguientes: los mecanismos biológicos de dispersión de especies, la variabilidad natural en los patrones climáticos, los cambios en las condiciones ambientales que promueven la dispersión de especies a través de tormentas y corrientes y el transporte de especies en las aguas de lastre de los barcos.

Por otra parte, los desechos domésticos, industriales y agrícolas, que debido al manejo inapropiado de los mismos son arrastrados por las escorrentías hasta llegar al mar, contribuyen a acrecentar la cantidad de nutrientes en las aguas costeras. A este exceso de nutrientes se le conoce como eutrofización. También, los desechos provenientes de la acuicultura, particularmente en las bahías cerradas, facilitan el aumento de nutrientes. Por ende, el proceso de eutrofización permite el crecimiento excesivo de algas lo que a su vez provoca la pérdida de oxígeno disponible para otros organismos en el ambiente acuático. Es por tal razón que la eutrofización provoca un incremento en las FMN.

Asimismo, ambas investigadoras señalaron que existe un mayor interés científico por las especies nocivas, concurrente con el desarrollo de mejores técnicas analíticas e instrumentación que facilitan el proceso de detección de estas especies.

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